En la madrugada del 27 de setiembre de 2020, en pleno contexto de pandemia y de crisis sanitaria, social y económica mundial, las fuerzas armadas de la República de Azerbaiyán, con la participación directa de Turquía y el despliegue de mercenarios yihadistas provenientes de Siria y Pakistán, lanzaron unilateralmente un ataque a gran escala contra la República de Artsaj (Nagorno Karabagh) a lo largo de toda la línea de contacto. Este ataque se convirtió en una guerra a gran escala, acompañada de graves violaciones al derecho internacional humanitario por parte de Azerbaiyán.

Esta guerra cobró una naturaleza sin precedentes para la región debido a la variedad e intensidad de armas de destrucción masiva utilizadas por parte de Azerbaiyán, tales como municiones de fósforo y equipamiento militar de última generación. Sin embargo, uno de las características y particularidades fue el grado de violaciones del derecho internacional por parte de Azerbaiyán con respecto a los prisioneros de guerra.

Según un informe recientemente publicado por el Defensor de los Derechos Humanos de la República de Armenia, en los meses posteriores al ataque Armenia y Azerbaiyán acordaron múltiples altos al fuego humanitarios fruto de la presión internacional. Sin embargo, Azerbaiyán violó repetidamente esos acuerdos, una práctica común, y de hecho se negó a cumplir sus condiciones, incluida la repatriación segura de prisioneros de guerra. Durante este tiempo, circularon videos y fotografías que muestran los graves abusos, las torturas, el fusilamiento y la decapitación de prisioneros armenios. Dicha documentación demuestra de forma contundente los crímenes de guerra de Azerbaiyán y una violación sustancial al punto 8 del acuerdo trilateral del 9 de noviembre de 2020, que establecía el intercambio de prisioneros de guerra y de los cuerpos tras la finalización de la contienda.

No cabe dudas que Azerbaiyán incumple los acuerdos, las normas internacionales y no garantiza la legítima protección de las personas en cautiverio. Estas acciones dirigidas y comandadas desde el propio aparato estatal azerí fijan un claro y peligroso precedente para el orden y comunidad internacional ante la falta de denuncias y presiones suficientes dirigidas al gobierno azerí.

En base a lo expuesto, desde el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica consideramos que Azerbaiyán:

-Mantiene cautivos con trato inhumano a prisioneros de guerra armenios violentando el derecho internacional.

-Violenta la integridad territorial de la República de Armenia.

-Incumple las normas y acuerdos del Derecho Internacional.

-Usurpa territorio armenio en Artsaj.

-Destruye diariamente el milenario patrimonio cultural armenio.

-Presiona, oprime y amenaza a la población rural.

-No permite la libre circulación de los ciudadanos armenios en las carreteras armenias.

-Promueve un discurso armenofóbico.

Mantener una posición de indiferencia es ser cómplices de una posible limpieza étnica y crisis humanitaria en la región del Cáucaso. Existen pruebas y evidencias sustanciales de los puntos que el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica denuncia y detalla. A 365 días del inicio de los enfrentamientos, la amenaza, agresión y avance del tándem turco azerí continúan poniendo en jaque no solo la seguridad de la población civil sino también de la región en su conjunto frente a la indiferencia de la comunidad internacional.

Consejo Nacional Armenio de Sudamérica

27 de setiembre de 2021

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